LA LEY DE FERROCARRILES

Hasta mediados del siglo XIX, España era poseedora de una deficiente red de comunicaciones que dificultaba el crecimiento económico de una nación mermada por los constantes conflictos. La red de caminos era insuficiente y el trasporte terrestre era inseguro, lo que encarecía los productos trasportados, especialmente el cereal castellano hacia los puertos. La primera regulación sobre el trasporte ferroviario español, desarrollada en la Real Orden de 31 de diciembre de 1844, resultó ser ineficaz debido principalmente a numerosos casos de especulación vinculados a María Cristina de Borbón (1806 – 1878) y a dificultades técnicas derivadas de la situación política en el país, que contrastaba con el desarrollismo de Francia, Bélgica o Reino Unido, lo que ponía en riesgo la oportunidad de captar fondos extranjeros en una coyuntura económica favorable en Europa. A la obligación de fomentar un nuevo marco legal se unió la necesidad de vertebrar un mercado nacional que pudiera satisfacer las necesidades alimentarias de gran parte de la nación y las demandas de las nuevas regiones industriales periféricas, cuestiones que intentaría resolver la Ley de Ferrocarriles de 1855.

 

 

 

La llegada de los progresistas tras la “Vicalvarada” de 1854, con los generales Espartero y O’Donnell como principales espadones, trajo consigo un paquete de medidas cuyo objetivo fue la modernización del país frente al inmovilismo mostrado por los conservadores en etapas anteriores. La nueva Ley de Ferrocarriles (1855) vino a sustituir al fracasado marco normativo de 1844 que había conseguido únicamente la articulación de las líneas Barcelona – Mataró (1848), Madrid – Aranjuez (1851) y Gijón – Langreo (1852). La Ley de Ferrocarriles fue amparada económicamente por la Ley de Sociedades de Crédito (1856) y la desamortización general de Madoz (1855).

La Ley de Ferrocarriles fijó el ancho de vía en seis pies castellanos, equivalente a 1,67 metros, superior al estándar europeo, decisión que fue tomada por las dificultades orográficas de España. También permitió la llegada de capitales extranjeros gracias a las subvenciones estatales y la libre importación de materiales de construcción sin pagar aranceles. Las nuevas líneas serían otorgadas a entidades privadas por un máximo de un siglo, revirtiendo al Estado una vez cumplidos los plazos. La nueva ley favoreció el desarrollo de un tejido ferroviario con una estructura radial cuyo centro fue Madrid, conectando la capital con las principales zonas costeras y las fronteras, estructura que condicionaría el desigual desarrollo del país entre interior y periferia.

Las consecuencias de la nueva ley fueron inmediatas. Las garantías legales favorecieron una “fiebre ferroviaria” basada en potentes inversiones de capital extranjero, especialmente el francés. Se construyeron más de 5.000 kilómetros de vía frente a los 440 existentes antes de 1855 gracias a las inversiones de grandes familias financieras como los Rothschild y Pereire. No obstante, esta euforia inversora trajo consecuencias nefastas a largo plazo debido a la poca rentabilidad de la red ferroviaria, propiciada por una industria y un mercado español limitado. Las compañías, endeudadas, propiciaron la crisis financiera de 1866 que agudizaron la crisis política que vivían los moderados y que concluyó con la Revolución Gloriosa de 1868. Otra de las consecuencias fue la dependencia del capital privado y extranjero. El control técnico y financiero de la red de ferrocarriles quedó en manos de compañías francesas o británicas, interesadas más en fortalecer sus sectores industriales en España que en ofrecer una óptima red ferroviaria que pudiera satisfacer a la sociedad. A los problemas económicos se sumó el aislamiento de Europa referente al ancho de vía, cuestión que condicionó enormemente el transporte internacional hasta su remodelación en el siglo XX. Por último, pero no menos importante, cabe destacar la mala planificación de la estructura radial, centrada en Madrid y en las periferias, dibujando un modelo que conllevaría problemas económicos al interior del país y que supondría el desarrollo de la dicotomía entre la España urbana y litoral (excepto Madrid) y la España interior y agraria, quedando reflejada hasta la actualidad una importante desigualdad socioeconómica que los sucesivos gobiernos durante los siglos XIX, XX y XXI no han sabido resolver.

ANTONIO MAURA Y LA REVOLUCIÓN DESDE ARRIBA

Antonio Maura y Montaner (1853 – 1925) fue un político de gran importancia histórica durante el periodo conocido como la Restauración (1874 – 1931), caracterizado por el regreso de la dinastía borbónica tras el ensayo del Sexenio Revolucionario (1868 – 1874) y por la implantación del sistema canovista, un régimen basado en la alternancia en el poder de liberales y conservadores ideado por Cánovas del Castillo (1828 – 1893) con el fin de estabilizar políticamente el país. También fue presidente de la Real Academia Española desde 1913 hasta su fallecimiento en 1925. Se trata de una figura de enorme relevancia en un contexto histórico marcado por los intentos de regeneración política en un ambiente de violencia social, fragmentación política, desencanto militar y auge de movimientos obreros como el socialismo o el anarquismo. Su estudio se torna fundamental por su breve, pero contundente aplicación de políticas de modernización de España, que sentaron parte de las bases del Estado del bienestar que en la actualidad disfrutamos. Con sus aciertos y errores, Maura se sitúa como personaje clave de la política regeneracionista del régimen de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII.

 

 

 

Antonio Maura nació en Palma de Mallorca en mayo de 1853 y se graduó en Derecho en La Universidad Central de Madrid (precedente a la actual Universidad Complutense de Madrid), destacando como un excelente abogado en el bufete de Germán Gamazo (1840 – 1901), ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XII (1874 – 1885). Bajo su tutela, inició su carrera política en el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta (1825 – 1903), siendo elegido diputado en Cortes por su ciudad natal en 1881. Entre 1892 y 1894, Maura fue designado ministro de Ultramar, cargo que le permitió defender un nuevo modelo administrativo en Cuba y Puerto Rico para impedir conflictos entre España y sus últimas posesiones exteriores. Pese al rechazo de Sagasta, Maura retomó la cuestión de Cuba durante su designación como ministro de Gracia y Justicia ente 1894 y 1895, pero el estallido de la guerra contra Estados Unidos y la severa derrota española en 1898 (con la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas) provocó una brecha política entre Maura y los liberales, ocasionando que el político mallorquín, decepcionado con su partido, se integrara en las filas conservadoras de Francisco Silvela (1845 – 1905).

Como político del Partido Conservador, Maura fue ministro de la Gobernación en 1902, logrando reformar el cuerpo policial y creando el Instituto de Reformas Sociales (1903) con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores. Finalmente, en diciembre de 1903 asumiría la presidencia del Gobierno (1903 – 1904), pero con un gabinete que apenas duró unos meses debido a su dimisión como consecuencia de la negativa del rey Alfonso XIII (1886 – 1941) a nombrar Jefe del Estado Mayor Central del Ejército al general Francisco de Paula Loño y Pérez (1837 – 1907). Durante este breve periodo, logró impulsar la cooperación con Francia en el control del Estrecho de Gibraltar y el norte de África en un contexto europeo profundamente marcado por el colonialismo africano y asiático.

Fue en su segundo mandato (1907 – 1909) donde Maura pudo desarrollar su programa regeneracionista basado en la “revolución desde arriba”, que pretendía transformar el régimen político, acabar con el caciquismo y democratizar el país para evitar revoluciones sociales que amenazasen su estabilidad. Su amplio programa político acometió profundas reformas como la Ley Electoral (1907), cuyo objetivo era acabar con el fraude electoral; la Ley de Administración Local (1907), que buscaba una mayor autonomía de los ayuntamientos; la Ley de Emigración (1907) para controlar el éxodo masivo; la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908), dedicado a asegurar las pensiones de los obreros y que fue inspiración fundamental para el desarrollo de la Seguridad Social pública en España; la Ley de Huelgas y Coaliciones (1909), regulando por vez primera el derecho a huelga; así como numerosas leyes para proteger a la agricultura y a la industria nacional (como la Ley de Colonización Interior y la Ley de Protección a la Industria Nacional, ambas de 1907). También buscó reforzar el papel del ejército con la modernización de la Armada a través de la Ley de Escuadra de 1908 y consolidando el papel del protectorado en Marruecos.

Debido a la política colonial y la cuestión de Marruecos, en julio de 1909 estalló la Semana Trágica de Barcelona, una revuelta popular con un claro carácter antimilitarista derivado del envío de reservistas (muchos procedentes de familias obreras) a la guerra contra las tropas rifeñas. La jornada terminó con la declaración del estado de guerra y una dura represión contra la ciudadanía, saldándose con más de un centenar de muertos y la ejecución del pedagogo anarquista Francisco Ferrer i Guardia (1859 – 1909), provocando una profunda crisis gubernamental debido a las protestas internacionales contra el gobierno de Maura, que ocasionó su dimisión en octubre de 1909, dando paso a un nuevo gobierno liberal liderado por José Canalejas (1854 – 1912).

El desencanto político de Maura, tanto con conservadores como con liberales, no evitó que, entre 1918 y 1922, fuese requerido para formar parte de los gobiernos de concentración nacional que comprendieron la etapa de la crisis final del régimen de la Restauración, marcado por la violencia política callejera, la polarización política, el crecimiento del movimiento obrero y el descontento del estamento militar por la pérdida de prestigio social ante las humillaciones en Cuba (1898) y en Annual (1921). Su reacción política ante el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923 fue ecléctica debido, en gran parte, a su desilusión política. No apoyó abiertamente la dictadura, pero tampoco lideró una oposición impetuosa.

 

 

En diciembre de 1925 falleció por un infarto durante su visita al Palacio del Canto del Pico (Torrelodones) y fue enterrado en el cementerio de San Isidro de Madrid, dejando un legado político imborrable por sus profundas transformaciones políticas y sociales.